En el marco de la operación “Marum”, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil, Agencia Tributaria, Europol y OLAF, se ha desarticulado una importante organización criminal, estructurada en cuatro niveles, dedicada al tráfico ilícito en España de gases refrigerantes de efecto invernadero, es decir, gases fluorados asfixiantes que agotan la capa de ozono, muchos de ellos incluso inflamables.

En la operación han sido detenidas 27 personas, entre ellos los cabecillas de la red, y 3 investigadas, por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra el medio ambiente, contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores.

Se ha intervenido 110 toneladas de diferentes tipos de gas valorados en 11 millones de euros, varios maletines de trasvase de gas a aire acondicionado, 364.000 euros en metálico, varios vehículos de alta gama, gran cantidad de documentación y material informático, 600 aparatos de aire acondicionado, además de 435 gramos de cocaína base, 435 comprimidos de éxtasis, material para el corte de sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, una prensadora y otros efectos utilizados para el tráfico de drogas. Asimismo, se han realizado 20 registros domiciliarios, se han inspeccionado 10 empresas y se han practicado detenciones en las provincias de Granada, Valencia, Albacete, Madrid, Toledo, Murcia, Sevilla, Almería, Jaén, Córdoba y Badajoz.

De manera cautelar se han bloqueado total o parcialmente cuentas bancarias de los integrantes de la organización.

Vendían el gas refrigerante tres veces más barato

La investigaciones comenzaron en septiembre de 2021, cuando el SEPRONA, pudo constatar que en distintas localidades de Granada se estaba vendiendo de manera clandestina gas refrigerante de efecto invernadero (GEI) importado de China a un precio tres veces por debajo del precio de mercado al no pagar los impuestos correspondientes a la Hacienda española, por lo que se abrió una investigación conjunta con la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), Europol, OLAF y la Agencia Tributaria, en funciones tanto de policía judicial como de auxilio jurisdiccional.

Fruto de estas investigaciones, se descubrió un entramado de empresas estructurado en cuatro niveles de operativa criminal en el que está, por una parte y como primer nivel, el importador de estos gases cuya empresa tiene su base en Valencia y, por debajo, una red de distribución cuyos dos cabecillas tienen su base de operaciones en Granada. También se descubrió que estos últimos poseían a su vez una red de distribución secundaria repartida por toda Andalucía y por otras provincias españolas.

El importador del gas procedente de China lo introducía irregularmente amparándose en la figura del llamado tránsito aduanero comunitario externo, que permite que una empresa pueda circular por territorio de la Unión Europea mercancía importada de países extracomunitarios con destino a un tercer país, ubicado fuera de la Unión, todo ello sin la necesidad de estar sujeta dicha mercancía a la satisfacción de ningún tipo de derecho de importación, ni de aranceles o impuestos ni política comercial.

Así introducía en España, en concreto por el puerto de Valencia, toneladas de gas que supuestamente viajarían por varios países de la U.E. hasta su destino final en un país tercero como Jordania, pero lo cierto era que esa mercancía quedaría en España y sería distribuida por la organización en todo el territorio nacional por un importe final tres veces por debajo del precio de mercado, precio que era propiciado por la exención de gravámenes mencionada, además de la elusión del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero. En particular, el impago del Impuesto sobre Gases Fluorados, en la medida en que es una figura tributaria específica del sistema español, genera una importante competencia desleal en el sector de la distribución de los mismos en el mercado nacional.

Para facilitar la circulación y distribución de la mercancía por el territorio español, el cabecilla de la organización había creado una empresa fantasma en Portugal que supuestamente era destinataria de la mercancía, lo que otorgaba apariencia de legalidad a los transportes del gas si eran eventualmente inspeccionados por los agentes, intentando hacerles creer que la carga se dirigía al país vecino.

Los detenidos blanqueaban el dinero obtenido a través de una empresa fantasma creada al efecto, o bien comprando vehículos de alta gama o bienes inmuebles; pero sobre todo lo hacían a través de una agencia de viajes madrileña, cuyos responsables también han sido detenidos, donde los clientes pagaban el gas como paquetes de vacaciones o servicios de hoteles.

El Reglamento (UE) Nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero regula la introducción de estos gases en la Unión Europea y dispone, entre otras cosas, que los operadores han de estar registrados en el portal F-Gas, y los investigadores ha constatado que las empresas adscritas a esta organización criminal no figuraban inscritas en dicho registro, ni contaban con autorización para la comercialización y distribución de gases fluorados, ni los trabajadores poseían la formación adecuada para el tráfico, manipulación, almacenamiento y venta de gases de efecto invernadero (GEI).

Por otra parte, en el mes de marzo, durante una inspección en una nave industrial propiedad de los detenidos, los agentes localizaron una partida de gas R404A que había entrado por el puerto de Valencia. Estas botellas tenían que haber acabado en un depósito de Hamburgo (Alemania) para su posterior exportación a Jordania, sin embargo fueron encontradas en una nave de un polígono industrial de Jun (Granada), entrando dicho gas de forma fraudulenta en España.

Cabe destacar, que los trasvases entre botellas de estos tipos de gas, requieren de autorización y se deben realizar en condiciones de seguridad óptimas para las personas y el medio ambiente, cosa que se hacían de manera rudimentaria con el consiguiente peligro, ya que los distribuidores podían mezclar gases de distinta naturaleza, lo que suele derivar en serias averías para los equipos en los que son utilizados.

Las diligencias están a disposición del juzgado número 4 de Granada y de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada.